El pasado viernes 27 de enero se publicó en el BOE la Resolución de 20 de enero de 2023, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio Fiscal, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, y el Ministerio de Trabajo y Economía Social, para la investigación eficaz y rápida de los delitos contra la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores y la ejecución de las sentencias condenatorias, y para la toma de conciencia social de este problema. Los objetivos previstos son:
- Agilizar la detección y alerta ante un accidente de trabajo grave, mejorando la coordinación y comunicación entre los agentes implicados en la investigación del siniestro y reduciendo los tiempos de respuesta para su inicio.
- Garantizar que la investigación se realice del modo más eficaz posible, recabando los datos necesarios para la instrucción del oportuno procedimiento judicial y preservando la integridad de las pruebas.
- Facilitar la labor del Ministerio Fiscal y del Juzgado de Instrucción a los efectos de identificar desde el primer momento los supuestos penalmente relevantes, evitando de este modo la tramitación innecesaria de asuntos que queden claramente al margen de cualquier responsabilidad penal.
- Posibilitar la persecución penal de los delitos de riesgo por infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales.
- Mejorar la comunicación entre la Administración de Justicia y los órganos administrativos competentes a fin de garantizar el principio del non bis in ídem y, recíprocamente, asegurar que, en el caso de acordarse el archivo judicial de las actuaciones, pueda proseguir la tramitación en vía administrativa del correspondiente expediente sancionador.
- Facilitar a los/las jueces y fiscales la investigación relativa a la titularidad mercantil, vínculos societarios y relaciones de las empresas implicadas en procedimientos judiciales por este tipo de delitos, a fin de agilizar el trámite de la ejecución de las sentencias condenatorias y evitar que los titulares o administradores de las empresas puedan eludir responsabilidades mediante el establecimiento de tramas societarias de ocultación o por el procedimiento de trasladar su actividad a nuevas estructuras empresariales.
La citada resolución incorpora 3 anexos para conseguir dar cumplimiento a esos objetivos, que son:
- Anexo I: protocolo de actuación en el caso de accidentes con resultado de muerte o lesiones graves o muy graves.
- Anexo II: protocolo de actuación para la indagación de los delitos de riesgo.
- Anexo III: protocolo de actuación para la ejecución de las sentencias condenatorias.
En mi opinión esta resolución no aporta demasiadas novedades respecto a lo que ya se está haciendo ya al anterior documento de referencia, que data de 2007, titulado «Protocolo marco de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerior del Interior, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Fiscalía General del Estado para la investigación eficaz y rápida de los delitos contra la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores y la ejecución de las sentencias condenatorias«, aunque considero muy interesante su lectura por todos lo que nos dedicamos a esta materia. Lo más novedoso es la referencia a la intervencion de los médicos forenses y la propia Jurisdicción Social, el requerimiento a la policía judicial de solicitar a la empresa documentación exigida por la normativa de PRL o la solicitud de la Fiscalía y/o juzgado de Instrucción de solicitar informe de investigación del accidente elaborado por el servicio de prevención de la empresa.
Cada vez se hace más importante la figura del perito de cabecera ante un accidente de trabajo:
El documento íntegro se puede descargar a continuación:
Blog de Prevención de Riesgos Laborales de Ramón Pérez Merlos 